Barreras culturales, obstáculo para el bienestar infantil entre inmigrantes
Perla Trevizo is a recipient of the University of Southern California Annenberg Center's Fund for Journalism on Child Well-being.
Other stories in this series include:
Part 1: Arizona Daily Star special investigation: Fixing our foster care crisis
Part 2: Despite state progress in Arizona, 'a lot of desperation, isolation'
Part 3: Hard work of reunification often entails rehab, intensive home services
Reporters reveal deep faults in Arizona’s swollen foster care system
Shared goals, collaboration are keys to family success
Moments of high anxiety for deported dad on custody quest
Racial and ethnic disparities in child removals go unaddressed here
When a parent is deported, path to reunion starts with Pima County group
For migrants, cultural barriers, life’s shocks complicate welfare cases
Se unen para derribar muros para padres deportados
La ansiedad de un padre deportado peleando por la custodia de sus hijos
Arizona no atiende la disparidad étnica en niños bajo cuidado temporal
Metas compartidas y colaboración son claves para que las familias tengan éxito
Obang y Ochor Odol fueron vivieron bajo la crianza temporal de Deanna Campos, directora de Wright Elementary School en Tuscón.
(Photo Credit: Deanna Campos)
La mujer escapó del peligro en el este de África y pasó años en un campamento para refugiados en Etiopía, todo para llegar a Estados Unidos y perder la custodia de sus hijos.
Los horrores que vivió la habían dejado incapaz de poderlos cuidar bien.
Un día en el 2009, cuatro años después de su llegada a Estados Unidos, Ochor y Obang Odol, con 16 y 12 años en aquel entonces, tuvieron que recoger algunas de sus pertenencias mientras trabajadores del estado y su mamá los observaban. Los hermanos no están seguros de qué tanto entendía su mamá sobre lo que estaba pasando.
El Departamento de Seguridad Infantil, DCS, por sus siglas en inglés, no mantiene un conteo del número de niños removidos de sus hogares que llegaron como refugiados. Un informe del 2010 concluyó que, en general, los hijos de inmigrantes representan el 8.6 por ciento de los que entran al sistema de bienestar infantil a nivel nacional.
Pero conforme aumenta el número de niños migrantes o con padres extranjeros, los trabajadores sociales se encuentran sirviendo a familias más diversas, con las que no siempre se pueden comunicar y algunas con traumas severos.
El ser refugiado o inmigrante no significa que los padres sean más propensos al descuido o maltrato de sus hijos, pero hay ocasiones en que las circunstancias los ponen en situaciones precarias.
El trauma, usualmente a raíz de la violencia o abuso sexual por el que pasaron durante el camino hacia Estados Unidos, junto con las barreras del idioma, las diferencias culturales, los niveles de pobreza más elevados y, para algunos, la falta de estatus legal migratorio, pueden significar riesgos más elevados.
Y una vez que la familia se involucra con el sistema de bienestar infantil, se pueden enfrentar a retos que añaden complejidad a su caso —la cual se exacerba en lugares donde los trabajadores sociales tienen demasiados casos y un índice alto de rotación, como era el caso de Arizona hasta hace poco. Esto puede alargar el tiempo que un niño pasa en foster care, cuidado temporal, o hasta contribuir a que los padres pierdan la patria potestad, según expertos.
“Es de miedo el estar involucrado con el DCS”, dijo Meheria Habibi, supervisora del Comité Internacional de Rescate, una organización que trabaja con refugiados. “En primer lugar, ya temen que el DCS les quite a sus hijos, y encima de eso le añades la barrera del idioma y el no entender el sistema”.
Problemas con el Inglés
La falta dominio del inglés es generalmente la barrera más grande para familias con padres extranjeros.
Ochor, quien ahora tiene 25 años, recuerda haber llegado a Tucsón en el 2005 y sentirse completamente perdido.
“No sabía usar electrodomésticos o el número PIN para la tarjeta (de débito)”, dijo. “Y si no sabes leer bien, es difícil, se te pueden pasar cobros”.
Con el tiempo, él y su hermano aprendieron, pero su madre no.
Al inicio, los refugiados reciben una guía de bienvenida a los Estados Unidos, la cual incluye una sección sobre abuso físico y descuido infantil y cómo el gobierno les puede quitar a los niños.
Durante los primeros meses luego de su llegada, las agencias de reasentamiento les ayudan a las familias con alojamiento, rellenar formularios del gobierno y les proporcionan información sobre posibles trabajos, pero la meta del programa es que sean autosuficientes lo más pronto posible.
Muchas familias se adaptan casi de inmediato y con el tiempo aprenden inglés, obtienen empleo o abren su propio negocio. Pero otras batallan más.
Muchas veces, los niños u otros familiares les tienen que interpretar.
Nadie en Arizona hablaba el idioma nativo de los Odol. Cuando el DCS se involucró con la familia, tenían que hablarle a un hombre en Minnesota que les ayudará. Para todo lo demás, interpretar era trabajo de Obang, de ahora 21 años de edad y universitario.
Los Odol eran miembros de la tribu Anuak de Etiopía y Sur Sudán. Un artículo del Arizona Daily Star del 2010 dice que su padre murió en un altercado y a su mamá la atacó una infección que afectó su habilidad de pensar.
“Mamá no hablaba mucho de ello”, dijo Ochor. “Se guardaba este tipo de cosas para ella misma”.
El Trastorno por Estrés Postraumático, o PTSD, es común entre los refugiados, pero los servicios de salud mental son escasos, según algunos proveedores de servicios.
Conforme la salud de la madre empeoraba, ella empezó a esconder las cajas de cereal, a aventarles cosas y a quitarles sus libros, dijo Deanna Campos, mamá sustituta de los muchachos y ex maestra de Ochor. “Necesitaba a una comunidad entera que le ayudara”, dijo, pero estaba sola.
Deanna Campos (Photo Credit: Ron Medvescek/Arizona Daily Star)
Akello nunca recuperó la custodia de sus hijos. Murió en el 2013.
“Muchas veces, debido a la falta de acceso a servicios en su idioma, las familias no le dan seguimiento a lo que (el estado) requiere de ellos y esto lleva a peores y peores consecuencias”, dijo Habibi.
En el año fiscal 2017, el DCS recibió tres mil 600 peticiones de intérpretes, la mayoría para español, árabe, farsi y swahili. Cerca de 200 de los dos mil 700 empleados del DCS han pasado un examen para poder traducir a cambio de un apoyo financiero, con el español siendo la lengua más común.
En el 2014, el DCS también implementó una política para abordar los casos en donde el cliente no habla suficiente inglés, la cual incluye un asesoramiento de los servicios proporcionados e idiomas necesitados y una evaluación de su cumplimiento. También se supone que tiene que traducir documentos vitales.
El DCS no respondió a múltiples peticiones para discutir cómo está implementando la política ni proporcionó al diario copias de los informes.
Algunas familias también son analfabetas es su lengua materna, y una interpretación oral no siempre es posible.
Hasta el tomar clases para padres puede ser complicado si necesitan un intérprete en cada sesión.
“Incluso padres nacidos aquí, que hablan inglés, batallan para navegar por el sistema de bienestar infantil, que involucra múltiples abogados, trabajadores sociales de distintas organizaciones, reuniones, audiencias, sesiones de terapia, visitas entre padres e hijos, clases de educación para padres y un vocabulario nuevo de términos legales con los que ni los abogados con experiencia están familiarizados”, dijo Rebecca Curtiss, abogada con el Proyecto Florence para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.
“Imagina aprender un proceso legal que tu cultura tal vez no contempla de la misma manera. Imagina que tu idioma no incluye palabras para correctamente describir conceptos que se encuentran en el sistema de bienestar infantil de Estados Unidos”, añadió.
Cuando Obang reflexiona sobre lo que les pasó, dice; “Creo que si hubiéramos tenido a alguien que hablara nuestro idioma, eso hubiera hecho todo el proceso mucho mejor”.
En años recientes, agencias gubernamentales y sin fines de lucro han desarrollado herramientas para ayudar a quienes trabajan con migrantes y refugiados a que entiendan mejor el sistema de bienestar infantil.
Especialistas recién contratados por el DCS reciben entrenamiento cultural para entender mejor a sus clientes —incluyendo padres sustitutos y padres adoptivos y a los niños bajo su cuidado— en el contexto de su cultura y para que desarrollen sensibilidades a diferencias culturales, según la agencia.
Miedo a la deportación
El miedo también puede ser un obstáculo para la reunificación — el miedo a los oficiales, al sistema, y para aquellos en el país de manera indocumentada, miedo a la deportación.
Un trabajador de bienestar infantil dijo que las familias usualmente relacionan a la agencia con inmigración, lo cual hacía su trabajo más difícil, según un estudio de la Universidad de Arizona del 2011 titulado “Padres que desaparecen: Un informe sobre prácticas migratorias y el sistema de bienestar infantil”.
Ese miedo también puede significar que niños en familias migrantes sean menos propensos a entrar en contacto con trabajadores que son obligados a reportar cualquier sospecha de abuso o descuido, dijo Alan Detlaff, de la Universidad de Houston. Gente en comunidades migrantes puede que también titubee en reportar abuso infantil debido a las posibles repercusiones para las familias si tienen miembros indocumentados, añadió.
La corte juvenil del Condado Pima no pregunta específicamente sobre el estatus migratorio de las personas, pero algunos jueces han dicho que el tema frecuentemente sale a relucir en los casos, debido al impacto que tiene sobre los padres en cuestión del tipo de servicios y empleos a los que tienen acceso. Un juez citado en el informe del 2011 de la universidad, dijo que había notado un incremento en el número de casos en donde el tema migratorio se mencionaba, con más del 25 por ciento de sus casos en aquel tiempo que tenían algo que ver con migración.
Algunas veces, este miedo puede significar que un niño no se reúna con su padre. En el informe de la UA, un juez describió un caso en donde el menor fue dejado con la hermana de su madre luego de que la mamá fuera deportada.
El DCS había aprobado visitas con el papá, quien vivía en Texas de manera indocumentada y quien temía subirse al autobús para viajar a Tucsón.
“Realmente me rompe el corazón. Es un dilema”, dijo el juez. “Quería asegurarme de que no fuera por cuestiones financieras y me dijo, ‘No, tengo miedo fr que si me subo al autobús, me vayan a parar y detener’”.
[This story was originally published by Arizona Daily Star.]