REPORTAJE: ¿Cómo la ‘teleterapia’ ha ayudado a víctimas de la violencia doméstica?

This article was produced as a project for the 2021 Domestic Violence Impact Reporting Fund at USC's Annenberg Center for Health Journalism.

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Cuando la pandemia del COVID-19 generó el cierre de negocios y actividades en espacios cerrados en Marzo de 2020, el Valley Family Center en el Valle de San Fernando tuvo que cambiar sus servicios de consejería individual y en grupo para víctimas de violencia doméstica a servicios de “telemedicina”. Ejecutivos de la agencia pensaron que sería algo temporal.

 Dieciocho meses después, la mayoría de personas que reciben ayuda en el Centro todavía están recibiendo servicios de consejería por teléfono o Zoom. El cambio terminó generando beneficios y dificultades, dice Lorena Villalba, directora ejecutiva de la organización.

“Si la víctima está recibiendo servicios desde su casa, no sabemos si el abusador está allí y sabe o está escuchando”, explica Villalba. “Cuando vienes en persona y te reúnes con otros miembros, hay más confianza”.

Pero los servicios virtuales son más convenientes para otras personas.

 “Sí tuvimos clientes que tenían problemas de transporte antes y ahora pueden tener terapia mientras están en su hora de almuerzo o no tienen que esperar en el tráfico por una hora. El cuidado de los niños—eso es algo importante. (Ahora) pueden estar en casa y los niños pueden estar en otro cuarto”.

 Pero también enfrentaron problemas de tecnología.

 El Centro provee servicios a muchos clientes en comunidades de bajos recursos o personas indocumentadas, que no son expertos con la tecnología o tienen conexiones de Internet de alta calidad.

“Lo más difícil fue entrenar a nuestros clientes sobre cómo abrir un correo electrónico, cómo funciona el ‘mute’ (silencio), cómo funciona el Zoom”, recuerda Villalba. “Hasta teníamos personas en el estacionamiento enseñándoles cómo usara su teléfono o tablet (computadora)”.

 Más ayuda, a pesar de las dificultades

 Next Door Solutions, un albergue en el condado de Santa Clara, reporta haber tenido problemas similares cuando el COVID se presentó en su área.

 La Directora Ejecutiva Esther Peralez-Dieckmann dijo que le tomó un mes a las personas darse cuenta que todavía estaban abiertos, y tuvieron que reducir el número de grupos de apoyo de 16 a 8 porque mucha gente dejó de buscar su ayuda.

 Pero se dieron cuenta que las reuniones por Zoom generaron “mejores resultados”.

 “Si estás en Zoom, puedes apagar tu cámara porque te da un poco de anonimato”, dice ella. “A veces ellas no quieren que la gente sepa de su situación”.

 Agrega que las víctimas muchas veces sienten vergüenza y/o temen represalias por parte de sus agresores.

 “Tuvimos a muchas personas que llamaron y nos decían ‘no es seguro que me llamen. Mi esposo me está vigilando más”, relata Peralez-Dieckmann.

 Las personas indocumentadas también son presa de “mucha manipulación y amenazas debido a su estatus migratorio” por parte de sus agresores, dice ella.

 Las restricciones de distanciamiento social debido a la pandemia también redujeron en un 51% el número de personas que podían admitir en sus albergues. En el Año Fiscal 2019-2020, la agencia proveyó un techo temporal a 5,782 personas en su albergue; en el año de la pandemia, esta cifra bajó a 3,790 personas.

 Pero el albergue en hoteles aumentó 300% de 547 a 2,184 en el mismo periodo.

 En total, el albergue temporal que ofrece la agencia se redujo un 5.6% en el año de la pandemia (5,974) comparado con el año previo (6,329).

 “Aún así ayudamos a gente que estaba escapando (del abuso)”, indicó Peralez-Dieckmann.

 El aumento en los casos de la variante Delta del coronavirus ha llevado a ambas organizaciones a continuar ofreciendo sus servicios de manera virtual.

 “Nuestro edificio está abierto, pero la gente está un poco tímida en regresar”, dice Peralez-Dieckmann.

 Pero ella sabe que hubo más necesidad de sus servicios en el año de la pandemia. Sus sesiones de manejo de crisis—que tenían lugar en unas mesas afuera de su edificio debido a las restricciones del COVID-19—aumentaron un 67 por ciento, de 3,800 a a 6,487. Estas sesiones sirven para que manejadores de casos se reúnan con víctimas y revisen su situación, necesidades y ayuda que puedan requerir.

 “El abuso se volvió más frecuente, más intense y complejo”, dice Peralez-Dieckmann.

 Esto fue el caso en las comunidades indocumentadas donde aumentaron las amenazas migratorias y el miedo.

 Temores migratorios

 Ese miedo es algo que Maya Canseco conoce de primera mano.

 La mujer de 38 años es una sobreviviente de abuso doméstico que llegó a Estados Unidos a la edad de 16 años a vivir con una tía, quien dice la “trataba como una criada”

 Poco después, Maya se fue a vivir a Denver, Colorado, con un hombre de 32 años que alquilaba un cuarto en la casa de su tía.

 El maltrato comenzó años más tarde, después de dar a luz a tres hijos.

 Al principio fue mental, después se volvió físico.

 “Me decía que estaba fea, gorda, que le daba asco. Decía que le daba vergüenza salir conmigo”, relata Canseco, quien trataba de darle gusto yendo al gimnasio.

Canseco dice que su pareja usaba y vendía drogas y que la empezó a golpear por cualquier cosa que le molestara. Un día la golpeó porque aceptó un “aventón” a su casa por parte de un compañero de trabajo cuando su esposo no llegó a recogerla al restaurante donde trabajaba

 “Varias veces me golpeó con el puño cerrado en la cara. Decía que me iba a destruir mi cara que nadie me viera”, recuerda.

 Nunca lo reportó a la policía porque era indocumentada y temía que la separaran de sus hijos.

 Canseco dice que su marido también era un adicto a la pornografía. Un día en que lo sorprendió llegando a la casa temprano, esa adicción generó una discusión que se tornó violent.

 “Yo le patie la computadora donde estaba mirando pornografía y se quebró. Me golpeó. Me fracturó el lado izquierdo de mi cara y algunos de mis dientes”, dice.

 Fue entonces que empezó a planear su huida.

 Su hermano en Chicago y una amiga en California le ayudaron a pagar por su boleto de autobús a California.

 Con su cara inflamada y a punto de perder el ojo de donde le salía pus, fue a una clínica en California donde le dijo a los médicos que se había golpeado en una puerta al deslizarse mientras estaba trapeando.

“No me creyeron”, dice. “El doctor me dijo que si yo no hacía un reporte, que el deber de él era reportarlo”.

Cuando la policía llegó al hospital, ella les contó la historia verdadera.

Dice que los agentes contactaron a la Policía de Denver, que arrestó a su esposo por supuetamente intento de homicidio al amanezarla con un cuchillo, dice. El hombre luego fue deportado por encontrarse en el país de manera indocumentada.

Ella solicitó la Visa-U, que ayuda a víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso mental o físico a permanecer y trabajar en Estados Unidos, y ser eventualmente elegibles para convertirse en residentes permanentes. Desafortunadamente, cinco años después, Canseco solo tiene un permiso de trabajo y todavía espera convertirse en residente permanente.

“Todo está retrasado por la pandemia”, dice esta mujer, quien luego inició otra relación con un hombre que también la abusó verbal y físicamente.

Ella puso fin a esa relación y trabaja como vendedora ambulante, algo que empezó cuando se vino a California y se encontró durmiendo en la calle por tres días con sus hijos.

“Compré frutas y me puse en una esquina a vender para pagar la renta”, dice.

Canseco ha empezado otra relación, pero ahora es mucho más cautelosa.

“Estoy a la defensiva todo el tiempo. No permito que me controlen. Ya no quiero más abusos”, dice.

Este artículo fue producido como un proyecto para el Fondo 2021 de Reportajes de Impacto de Violencia Doméstica del Centro Annenberg de Periodismo sobre Salud de la USC.

RECURSOS

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(408) 501-7550

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[This story was originally published by Excélsior California.]

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