La ansiedad de un padre deportado peleando por la custodia de sus hijos

Eran las 8:15 de la mañana el 11 de diciembre, y la audiencia que determinaría el futuro de Adrián Quiroz y su familia estaba a 15 minutos de iniciar en una corte de Phoenix. Quiroz se encontraba a 180 millas de distancia en Nogales, Sonora.

Quiroz, de 30 años de edad y originario de México, fue deportado en abril de 2016 y desde entonces ha tenido que continuar su caso de tutela desde el otro lado de la frontera, sin poderse comunicar fácilmente con la persona que lleva su caso para el estado o con su abogado.

Un juez permitió que sus dos hijos vivieran con él en Sonora desde julio mientras el caso está en proceso, pero el estado de Arizona aún mantiene la tutela legal de los menores, luego de que el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) los removiera de su hogar hace más de dos años citando descuido.

Quiroz agarró su teléfono celular y marcó el número de Arizona, pero le dijeron que tratara nuevamente en unos minutos ya que los abogados estaban retrasados. Esperó nuevamente. Se comunicó, y luego de cinco minutos tratando de descifrar lo que los abogados y el juez estaban diciendo, la llamada se desconectó.

Marcó una vez más.

Cuando papá es deportado

El estado no mantiene un conteo del número de niños de padres deportados o detenidos por cuestiones migratorias que están involucrados en el sistema de bienestar infantil. Entre octubre del 2013 y junio de 2017 se llevaron a cabo casi 12 mil deportaciones en Arizona y 193 mil a nivel nacional de personas que reportaron tener un hijo estadounidense, según muestran cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés.

Aunque las cifras aún no han aumentado de manera significativa desde que la administración de Trump prometió enfocarse en la inmigración indocumentada, algunos piensan que es sólo cuestión de tiempo. El número de arrestos de inmigrantes va al alza a nivel estatal, generalmente de gente que ha vivido aquí por muchos años y quienes son más propensos a tener hijos nacidos en Estados Unidos. No hay manera de saber cuántos de ellos han terminado en cuidado temporal, o foster care.

"Sabemos, basado en nuestra experiencia, que una estrategia más agresiva para detener a inmigrantes pone a familias enteras bajo un estrés increíble emocional, financiero y estructural”, dijo Emily Butera, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.

“El enfoque del gobierno en familias indocumentadas y con estatus legal mixto no muestra ninguna señal de ser abatido, por lo cual tememos que los arreglos para el cuidado de niños se vayan a empezar a colapsar, dejando a niños en situaciones inestables e inseguras que pudieran involucrar el bienestar infantil y poner en riesgo los derechos de los padres”, añadió.

La mayoría de los padres deportados que llegan a Nogales, Sonora, dicen haber dejado a sus hijos en Estados Unidos con el padre o madre o con un cuidador. Pero, por lo general, no son soluciones estables a largo plazo y es posible que haya problemas más adelante, señaló Joanna Williams, de la Iniciativa Kino para la Frontera, una organización binacional jesuita que provee ayuda a los migrantes.

“Con el papá deportado, estamos viendo un número de casos en dónde hay ansiedad sobre la implicación que puede tener esta deportación a largo plazo”, dijo. “Tenemos a esposas, novias, batallando para poderles proveer a sus hijos, aunado a la ansiedad de que en cualquier momento puede llegar el DCS (Departamento de Seguridad Infantil)”.

Mientras en lugares como el Sur de Arizona hay más conocimiento sobre la necesidad de tener planes sobre qué hacer en caso de deportación, Williams dijo que la mayoría de la gente con la que platica en la frontera no tiene un plan. Desde el 2016, el centro ha visto un incremento del 118 por ciento en el número de personas recibiendo ayuda que han reportado haber sido separados de sus hijos —981 de enero a noviembre de 2017.

Pero la mayoría de los estados, incluyendo Arizona, no cuentan con manuales o políticas para trabajar con familias transnacionales. Esto puede derivar en que los menores pasen más tiempo en cuidado temporal —lo cual le cuesta más dinero al estado— y en padres que “desaparecen” y pierden sus derechos cuando nadie sabe cómo ubicarlos.

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Antes de que Adrián Quiroz pudiera volver a jugar con sus hijos, tuvo que cumplir muchos requisitos del DCS de Arizona. Personal del DIF de Sonora le ayudó. (Photo Credit: Ron Medvescek/Arizona Daily Star)

Haciendo lo que DCS pide

Quiroz, quien había vivido en Phoenix desde que tenía 12 años, llegó a Nogales, Sonora, una tarde en abril del 2016 como un deportado más.

La primera noche la pasó en la banca de un parque en la plaza central. Al siguiente día escuchó sobre el comedor, un sitio de la Iniciativa Kino para la Frontera que ofrece comida y ayuda a deportados como él.

Ahí conoció a una trabajadora que se interesó en su historia y le preguntó si quería luchar por sus hijos.

“Por supuesto”, le respondió.

La mayoría de los deportados llegan sin nada, dijo Williams. “El poder llegar a una posición en donde puedas alquilar un departamento lo suficientemente decente para los niños que tengas es muy difícil”, señaló.

“Uno de los retos principales es la falta de acceso a la información”, dijo Ana Ester Álvarez Villa, directora del DIF municipal en Nogales. “Llegan en un estado muy vulnerable, sin dinero, sin saber qué futuro les espera”.

Gracias en parte a la ayuda que Quiroz encontró en el comedor, en el transcurso de cuatro meses tenía trabajo en una fábrica, una casa cerca de la frontera y a su madre, quien se había mudado con él para apoyarlo.

Dice haber tomado clases de crianza y haberse hecho una evaluación psicológica — todo lo que pensó que el DCS necesitaba para regresarle a sus hijos, que ahora tienen 3 y 2 años.

“Pero nunca es suficiente”, dice. “Los invité a que vinieran a ver por sí mismos, pero dicen que no pueden hacer eso”, por la frontera.

En julio de 2016, tres meses después de haber sido deportado, Quiroz les escribió a sus hijos una carta diciéndoles que iba a hacer todo lo posible para traerlos a casa con él.

“Voy a luchar hasta el final por mi familia”, les dijo. “Le rezo a Dios que todo salga bien en nuestro caso. Abuela está aquí en Nogales con papi, estamos en espera para que nuestra familia se reúna”.

No se puede dar por rendido

Las razones por las cuales los hijos de migrantes indocumentados terminan en cuidado temporal son tan variadas como la comunidad misma.

Así como sucede con el resto de la población, las familias entran al sistema de DCS debido a acusaciones de descuido asociado al abuso de sustancias o violencia doméstica. En el Condado Pima, el 72 por ciento de los casos de maltrato y descuido en la corte juvenil en el 2016 estaba relacionado con el uso de drogas.

Para Quiroz, todo empezó cuando su ex pareja dio a luz a su primer hijo en julio de 2014 en Phoenix y las pruebas de droga salieron positivas en metanfetamina y marihuana. La mujer, originaria de Arizona, ya había estado involucrada con el ahora llamado DCS por razones similares con su primera hija, de otro papá.

Quiroz, quien dijo no usar drogas, pensó que la situación estaba mejorando, dice. “Ella estaba yendo a la escuela. Pensé que las cosas podían cambiar, que podíamos hacer una vida juntos”.

El DCS le quitó al niño por descuido y por no haber protegido al bebé del abuso de drogas de la mamá mientras estaba embarazada.

Días después, la agencia estatal le ofreció a Quiroz regresarle al niño y servicios en su casa bajo la condición de que la mamá no tuviera visitas con el niño sin supervisión. Su expediente indica que los trabajadores sociales determinaron que el hecho de que tenía trabajo para sustentar a la familia, el no consumir drogas y el ser un buen apoyo para la madre, quien dijo estar dispuesta a trabajar duro, era suficiente.

Para diciembre del 2014, tenía la custodia completa del bebé de seis meses.

Pero meses después la situación dio un giro inesperado cuando la policía arrestó a Quiroz por haberle chocado el carro a la mamá de su hijo con el bebé en el asiento trasero del auto de Quiroz. Le fincaron cargos de asalto agravado con una arma letal y abuso infantil.

Él dice que fue la madre quien se le atravesó cuando él intentaba evadirla. En julio de 2015 fue a dar a la cárcel, de donde luego lo recogió el ICE.

Para evitar ser sentenciado a años en prisión y correr el riesgo de perder la custodia de sus ahora dos hijos —el segundo acababa de nacer—, Quiroz se declaró culpable de uno de los cargos. Pasó los siguientes seis meses en la cárcel del Condado Maricopa y otros cuatro en un centro de migración.

Para enero del 2016, el estado estaba listo para cesar sus derechos de patria potestad debido a la adicción de la madre —a pesar de todos los servicios que se la habían proporcionado— y el hecho de que mientras Quiroz estuvo detenido, “no mantuvo contacto regular con los niños, no pagó manutención, no mandó cartas, regalos o tarjetas”.

Quiroz dice que todo esto es parte de no haber entendido por completo el proceso.

“Entre más tiempo están detenidas las personas, más probable es que pierdan sus derechos de potestad debido a las leyes actuales”, dijo Rebecca Curtiss, abogada de la organización El Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, con sede en Arizona.

“Así es que a menudo, padres detenidos se ven en la necesidad de considerar aceptar la deportación a su país de origen para poder pelear por la custodia de sus hijos”.

Mientras los derechos de la madre fueron cesados, Quiroz no estaba listo para darse por vencido.

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Adrián Quiroz perdió los derechos de paternidad de sus dos hijos tras caer preso en Arizona. Desde México, ya deportado, les escribió a los niños una carta para decirles que haría todo lo necesario para estarcon ellos. (Photo Credit: Ron Medvescek/Arizona Daily Star)

Más allá de lo que se requiere

Quiroz logró mantener el contacto con el trabajador social de su caso y el abogado desde el centro de detención.

Y mientras su estatus migratorio fue mencionado en distintas ocasiones como “temas de seguridad y preocupaciones”, su motivación de cuidar a sus hijos y de ser un buen apoyo para la madre finalmente tuvo más peso.

No hay nada en la ley o en la política que les indique a los jueces cómo debe de ser considerado el estatus migratorio o si debe ser considerado.

Puede que el trabajador que lleva el caso o un juez no se sientan cómodos con la idea de mandar a un menor estadounidense a México o de colocar al niño en un hogar con gente que no está en el país de manera legal, o que nos les quede claro si pueden trabajar con familias indocumentadas sin tener que reportarlas a migración.

Sin políticas específicas, el éxito de los casos depende de las personas: el trabajador social que lleva el caso, el abogado, el juez, la familia sustituta y, sobre todo, el papá o la mamá.

Luego de haber sido deportado, Quiroz encontró apoyo en el sistema de bienestar infantil, DIF (Desarrollo Integral de la familia), en Nogales, en donde le ayudaron a cumplir con los requisitos del DCS. Personal de los consulados de México en Phoenix y Nogales trabajaron para que pudiera volver a ver a sus hijos. Y en Arizona, los papás sustitutos de los niños hicieron esfuerzos más allá de sus responsabilidades una vez que vieron su determinación de reunirse con sus pequeños.

Por ejemplo, un juez le otorgó visitas con sus hijos en enero del 2017, pero oficiales del DCS seguían pidiendo extensiones ante el juez diciendo que no sabían qué papeleo necesitaban para hacerlo posible, según los padres sustitutos. La familia de crianza trabajó con Quiroz y el consulado para determinar qué tenían que hacer para que los menores pudieran viajar al otro lado de la frontera para ver a su papá.

Mientras los trabajadores del DCS decían que obtener las actas de nacimiento les tomaría meses, los padres sustitutos las obtuvieron en el transcurso de una semana.

“El DCS tiene tanto trabajo y es tanta la burocracia para obtener ciertos documentos de los niños, que el proceso toma demasiado tiempo”, dijo la madre temporal, quien pidió no ser identificada porque aún cuidan de niños y no quieren que otros casos se vean afectados.

La trabajadora del DCS había dicho que no sabía cómo manejar un caso transnacional porque no lo había hecho antes, dijeron los padres sustitutos. Encontrar una respuesta requirió una gran cantidad de llamadas: a la corte, a los abogados, a los trabajadores del estado y a aduanas, para cerciorarse de que iban a poder regresar a los niños a Estados Unidos, ya que no contaban con identificaciones.

El DCS no respondió a varias solicitudes de entrevista para hablar sobre el tema.

En casa con papá

Cuando finalmente se logró la primera visita de los niños a las oficinas del DIF en Nogales, Sonora, en junio, el mayor reconoció a su papá inmediatamente, corrió hacía él y le gritó "papi". Pero el más pequeño, a quien Quiroz aún no conocía, no se quería soltar de la pierna del papá temporal. Aunque no fue nada que una galleta Oreo no pudiera resolver.

Ahora Quiroz prepara el desayuno de sus hijos —el sándwich de huevo con queso en pan tostado es uno de sus preferidos. Les pregunta si quieren ver las caricaturas de Mickey Mouse, también una de las más populares para los pequeños, y les está enseñando español. Hasta ahora pueden decir "lluvia", "tengo hambre" y "hermano", aunque prefieren el inglés.

La lentitud del proceso para recuperar la tutela de sus hijos, los retos de comunicación y las trabas por las que tuvo que pasar aún le frustran, dice, pero por lo menos ahora tiene a sus hijos ahí con él.

Mientras Quiroz no tenga la tutela final de los niños, no puede integrarlos completamente a su nueva vida en México. El acta de nacimiento del más pequeño no lleva su nombre, y hasta que no arregle eso no puede solicitar su ciudadanía mexicana, lo cual quiere decir que no puede meterlo a programas de asistencia u otros servicios. Tampoco se pueden mudar lejos de la frontera, tal vez a otro lugar que cueste menos y sea más seguro.

“Amo a mis hijos y no me perdonaría si no hiciera todo lo posible por ellos”, dice.

"Mejores deseos"

Durante la audiencia telefónica que decidiría el futuro de su pequeña familia aquel día de diciembre, Quiroz batallaba para entender lo que se estaba diciendo. La conexión no era muy buena, a pesar de que puede ver el muro fronterizo desde su casa.

El abogado que representa los intereses de los niños dijo algo sobre lo bien que se encontraban con su papá.

El abogado de Quiroz señaló lo bien que se estaban ajustando a la vida en México.

El juez dijo “le deseamos al padre lo mejor”, o algo así, cuando la audiencia finalizó y Quiroz se quedó sin saber exactamente qué había pasado.

Después de haber esperado tanto tiempo para obtener una resolución, era difícil creer que todo había terminado luego de una audiencia que duró cuando mucho cinco minutos. Seguro se había cortado la llamada.

Días después recibió un correo electrónico.

“A esta agencia le gustaría felicitarlo por el nivel de entrega que ha demostrado para recuperar el cuidado y custodia de sus niños, asegurándose de que sus hijos estuvieran seguros, tuvieran una vivienda estable, asegurándose que todas las necesidades de sus hijos fueran atendidas y asegurándose de que los niños estén seguros y adecuadamente supervisados en todo momento”, decía la carta.

Era el final. Había logrado obtener la tutela completa de sus hijos.

[This story was originally published by Arizona Daily Star.]