Proveedores de Servicios Exigen Acceso a Reclusos Latinos

Algunas personas recitan una oración de agradecimiento por el tiempo que pasaron en la cárcel del condado de San Francisco. Entre ellos está un hombre del Área de la Bahía al que llamaremos Carlos para respetar su solicitud de anonimato. 

“Gracias a Dios que yo me salí,” Carlos dijo, 29. “Busqué una mejor vida porque me acerqué a buenas personas, me acerqué a personas que me orientaron, me acerqué a personas que querían en realidad verme triunfar en la vida.”

Esas personas eran proveedoras de programas en español en las cárceles del condado. Carlos es de Honduras y llegó a San Francisco por un trabajo prometido que nunca se materializó. En cambio, vendió drogas.

Todo eso cambió cuando fue encarcelado en la cárcel del condado de San Francisco por cargos relacionados con drogas hace casi cuatro años. Cuando era encarcelado, conoció a un trabajador hispanohablante de ReSET Justice Collaborative – una de las organizaciones comunitarias que trabajan con el director de los programas de la cárcel para brindar capacitación vocacional, cursos educativos, tratamiento de trastornos por uso de sustancias, clases de manejo de la ira, actividades culturales, clases de inglés y observancias religiosas.

“Ellos fueron a visitarme a la cárcel. Y desde ahí ellos me suscribieron a lugares donde podían ayudarme,” Carlos dijo.“Luego de que salí me ayudaron a conseguir un trabajo que aún todavía lo tengo. Tengo dos años trabajando en este trabajo acá. No volví a regresar nunca más, nunca más a mezclarme con ventas de droga. … No me he vuelto a meter al Tenderloin y me ha servido mucho porque le he traído más tranquilidad a mi familia.”

Pero desde entonces, los programas ofrecidos en español en la cárcel del condado de San Francisco se han vuelto prácticamente inexistentes porque los cierres de rutina causados ​​por la escasez de personal han hecho prácticamente imposible impartir clases. Incluso con los diputados trabajando en turnos obligatorios de 16 horas, no hay suficientes para acompañar a las personas que administran sesiones de rehabilitación y otros programas de capacitación a las cárceles. El 2 de febrero, numerosos proveedores de servicios sociales para la población latina encarcelada imploraron a la Junta de Supervisión del Departamento del Sheriff en su reunión que los ayudará a obtener acceso a la cárcel.

Parecía que el liderazgo de la cárcel respondió al llamado público la semana siguiente anunciando un nuevo programa de recuperación del uso de sustancias y una clase de arte terapia ofrecida en español; sin embargo, un portavoz de la cárcel dijo que han estado planificando las clases desde octubre pasado. Sin embargo, algunos trabajadores carcelarios que llevan mucho tiempo expresaron dudas de que los programas durarían más de unas pocas semanas.

La falta de programación en español es un problema crecientemente grave ya que el encarcelamiento de latinos ha aumentado desde el lanzamiento el junio pasado de una ofensiva policial contra las drogas en los vecindarios de Tenderloin y sur de Market.

Según datos del Departamento del Sheriff, del 1 de junio al 10 de noviembre de 2023 (el más nuevo disponible), el 42% de las personas ingresadas en la cárcel del condado de San Francisco por cargos relacionados con drogas eran latinas, en comparación con el 30% que eran personas negras y el 28% que eran personas blancas. Y como Carlos vio hace años, algunas personas necesitan comunicar su necesidad de ayuda desesperadamente.

“Hay personas ahí que tienen hasta problemas mentales, problemas mentales que no pueden lidiar. ¿Y cómo se los van a contar a alguien que hable inglés y no entiende?” Carlos dijo. 

El año pasado, la policía también se dirigió a personas por simple consumo de drogas para motivarlos a recibir tratamiento para el trastorno por uso de sustancias, según funcionarios municipales y oficiales. Sin embargo, desde entonces, el programa de tratamiento de la cárcel, Road to Recovery, ha estado disponible sólo en inglés, a pesar del interés expresado por parte de la población latino.

Según datos del Departamento de Salud Pública de la ciudad, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, los Servicios de Salud Penitenciario evaluaron que 380 pacientes latinos encarcelados tenían un trastorno para consumir opioides. De ellos, 209 buscaron tratamientos a través de medicamentos como buprenorfina o metadona.

No está claro cuántos de ellos no recibieron programación de tratamiento porque eran monolingües de español, ya que no rastrean datos sobre preferencias de idioma.

Pero en un caso en octubre pasado, la proveedora de servicios Joanna Hernández del Latino Task Force, una asociación con sede en San Francisco de más de tres docenas de organizaciones comunitarias, dijo que fue testigo de un grupo de hombres en el programa del Road to Recovery en la cárcel del condado No. 3 en San Bruno. Hernández dijo que de los 46 hombres en el programa, 20 hablaban español y apenas podían entender la clase.

“A veces, simplemente se sientan y entienden algunas de las palabras, pero si no, simplemente van a sus celdas,” dijo Hernández en inglés. “Y luego me lo comprobé con el personal y me dijo: ‘No tengo personal que hable español y apesta porque siguen poniendo a personas que no hablan el idioma en este módulo del programa.’

“Es algo que pasa mucho dentro de las cárceles. Entonces, la gente está volviendo al mismo lío, volviendo al mismo comportamiento – si no volviendo peor, porque fueron confinados y arrancados de su familia, de sus hijos, de su religión, de todo.”

Ali Riker, directora de programas del Departamento del Sheriff, dijo que estaba consciente de que los hispanohablantes van a Road to Recovery, el programa en inglés. Dijo que cree que esto sucedió porque sabían suficiente inglés como para solicitar acceso al programa.

“No prohibimos la participación a las personas que lo solicitaron,” dijo Riker. “Sé que no es lo ideal. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Es suficiente? Ya sabes, necesitamos más. Definitivamente necesitamos más recursos.”

La Cárcel #3 del Condado de San Francisco en San Bruno es uno de los lugares donde los que son encarcelados pueden ir al programa Road to Recovery, un programa de rehabilitación para trastornos por uso de sustancias. El programa no se ofrece en español.

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La Cárcel #3 del Condado de San Francisco en San Bruno es uno de los lugares donde los reclusos pueden asistir a clases de rehabilitación en inglés para trastornos por uso de sustancias de Road to Recovery. El programa no se ofrece en español.

Sylvie Sturm / San Francisco Public Press

Hernández se unió a los otros proveedores de servicios sociales latinos en la Junta de Supervisión del Departamento del Sheriff el 2 de febrero. Dijo que ha experimentado el caos causado por la escasez de personal.

“Cuando llegas a facilitar tu clase, te dicen: ‘Lo siento, no llegamos al mínimo, el programa está cancelado’,” dijo Hernández. También dijo que descuidar las oportunidades vocacionales y de rehabilitación en la cárcel es contraproducente para los objetivos declarados de la ciudad.

“Sé que la gente quiere seguridad pública,” ella dijo. “Y sé que la gente quiere que cese la venta de drogas y que les roben o les golpeen los coches. ¿Pero qué hacemos encarcelando a la gente y no reciben ninguna rehabilitación?”

Los efectos negativos a largo plazo son especialmente tristes para los jóvenes encarcelados. Del 1 de junio al 10 de noviembre, hubo 10 veces más latinos de entre 18 y 24 años ingresados ​​en cárceles de San Francisco que las personas blancas o negras entre la misma edad. Y los defensores dicen que los más jóvenes necesitan especialmente programas de reinserción social, ya que los antecedentes penales les impiden adquirir habilidades laborales, avances profesionales y oportunidades económicas.

Los representantes del grupo comunitario dijeron a los comisionados de supervisión que ellos y otros proveedores de programas están en la mejor posición para ayudar a cambiar estas vidas.

“Somos culturalmente competentes,” dijo Bianca Sánchez, administradora de casos de Bay Area Community Resources. “Implementamos un enfoque centrado en la sanación y tenemos una perspectiva informada sobre el trauma, lo que nos hace más equipados para brindar servicios y apoyo dentro de las cárceles. Como profesionales capacitados, podemos brindar servicios efectivos de intervención, tratamiento y rehabilitación para romper los ciclos de encarcelamiento.”

Julie Soo, presidenta de la junta de supervisión, dijo que la solicitud estaba en consonancia con una legislación municipal de décadas de antigüedad, que ella ayudó a escribir,que garantiza el derecho a la igualdad de acceso a los servicios de la ciudad para todos los residentes de San Francisco, incluidos aquellos que saben poco el inglés. Sin embargo, dijo, un presupuesto “muy conservador” del Departamento del Sheriff requerirá “establecer prioridades.”

Llegan nuevos programas pero persisten las dudas

Menos de una semana después de la reunión de la junta de supervisión, se lanzó una nueva clase de recuperación del abuso de sustancias en español llamado Living in Balance; También se lanzó una clase de arte terapia en español.

Riker dijo que es optimista de que las clases programadas se mantendrán estables porque desde hace unos meses, el Departamento del Sheriff ha realizado programas ininterrumpidos de 9 a 11 a.m. en el anexo de la cárcel, donde recientemente han sido transferidos un gran número de reclusos que hablan español.

Otros no son tan optimistas como Riker. Hernández dijo que las dos horas para programas compiten con el tiempo al aire libre, llamadas y visitas a abogados, entre otras actividades, y está muy lejos de las seis a siete horas diarias de programación de tratamiento de adicciones que recibían los reclusos en el pasado. Y un trabajador que ha trabajado en la cárcel durante mucho tiempo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que cree que el nuevo plan de estudios es para impresionar.

“Hacen cosas, ya sabes, para las cámaras, y luego, cuando termina, cuando nadie mira, todo vuelve a ser como era”, dijo el trabajador, y agregó: “Le doy dos semanas.”

Sylvie Pagan de NoVA, el No Violence Alliance Program, que atiende a personas que regresan a la comunidad después de estar en la cárcel por un delito violento o múltiples arrestos, dijo a la junta de supervisión el 2 de febrero que su organización también estaba lanzando un programa para latinos en la cárcel la semana que viene. Pero, dijo, “esto es sólo una semilla en un gran balde de muchas necesidades que necesitamos para la comunidad”.

Riker dijo que espera trabajar con más organizaciones comunitarias y, con los recursos escasos a su disposición, está implorando a grupos externos aun más ayuda.

Riker alentó a cualquier organización comunitaria enfocada en brindar servicios a hispanohablantes a enviar un correo electrónico a William Cooper, gerente de servicios de rehabilitación del Departamento del Sheriff, a william.cooper@sfgov.org.

Presupuesto de la alcaldesa da prioridad a la policía

La población carcelaria creció de 800 personas en junio a más de 1.100 hoy debido a la ofensiva policial contra las drogas. La situación exacerbó un nivel ya crítico de escasez de personal en la oficina del sheriff que, según los informes últimos, necesita contratar a 207 personas para dotar de personal a su contingente de 920 puestos. El año pasado, la abogada de derechos civiles Yolanda Huang demandó a San Francisco en nombre de personas encarceladas que afirmaban haber sufrido problemas de salud graves por la falta de luz solar después de años en confinamiento. Esa cuestión aún está en litigio, dijo Huang.

“La solución es que, si la alcaldesa quiere encarcelar a la gente, y no estoy hablando de si debería o no debería suceder, entonces tiene que pagar por ello,” dijo Huang. “Ella tiene que dotar de personal completo a la cárcel. Y si no va a dotar de personal completo a la cárcel, entonces no es necesario que encarcelen a estas personas. Es muy simple. Si los vas a alojar y controlarlos, entonces tienes que hacerlo bien. Y no lo son.”

Y no sólo las cárceles están sufriendo. La oficina del Defensor Público de San Francisco demandó al Tribunal Superior del Condado de San Francisco por retrasos en los juicios, alegando que infringía el derecho de sus clientes a un juicio rápido. El tribunal dijo que los retrasos en los juicios se deben a que la oficina del sheriff está extendida demasiado en las cárceles y el Salón de Justicia.

Sin embargo, la alcaldesa de San Francisco London Breed recortó el presupuesto del sheriff en $8 millones para 2023-24, dando al departamento un total anual de $292 millones. Pero sí aumentó el presupuesto del Departamento de Policía de San Francisco en $61 millones para 2023-24 y otros $11 millones el año siguiente fiscal para un total de $786 millones. Esos fondos se destinarán a la contratación de 500 funcionarios más, horas extras y salarios más altos negociados bajos un nuevo contrato sindical.

Además, en junio pasado, los supervisores de la ciudad respaldaron una resolución del supervisor Matt Dorsey solicitando que el Departamento de Recursos Humanos de la ciudad redactara una política de bonificaciones para los policías recién contratados que competiría con otras agencias policiales en el norte de California. El 16 de enero, Breed y el jefe de policía, Bill Scott, emitieron un comunicado de prensa conjunto promocionando sus éxitos. El comunicado anunció que en febrero y mayo se graduaron tres clases de la academia de policía con un total de 60 reclutas. El logro se debió a un salario inicial más alto y procesos de prueba y contratación simplificadas, según el comunicado. No se mencionó ninguna bonificación de contratación.

Mientras todo eso, supuestamente hay miedo en Departamento del Sheriff que las bonificaciones para firmar en otras agencias podrían atraer aun más diputados, incluyendo un bono de firma ampliamente publicitado de $75,000 del Departamento de Policía de Alameda para nuevos reclutas o contrataciones laterales de otros departamentos de policía.

Sylvie Sturm informó esta historia mientras participaba en la beca de datos 2023 del Centro Annenberg de Periodismo de Salud de la USC, que brindó capacitación, tutoría y financiación para apoyar este proyecto.