Se unen para derribar muros para padres deportados
Perla Trevizo is a recipient of the University of Southern California Annenberg Center's Fund for Journalism on Child Well-being.
Other stories in this series include:
Part 1: Arizona Daily Star special investigation: Fixing our foster care crisis
Part 2: Despite state progress in Arizona, 'a lot of desperation, isolation'
Part 3: Hard work of reunification often entails rehab, intensive home services
Reporters reveal deep faults in Arizona’s swollen foster care system
Shared goals, collaboration are keys to family success
Moments of high anxiety for deported dad on custody quest
Racial and ethnic disparities in child removals go unaddressed here
When a parent is deported, path to reunion starts with Pima County group
For migrants, cultural barriers, life’s shocks complicate welfare cases
Barreras culturales, obstáculo para el bienestar infantil entre inmigrantes
La ansiedad de un padre deportado peleando por la custodia de sus hijos
Arizona no atiende la disparidad étnica en niños bajo cuidado temporal
Metas compartidas y colaboración son claves para que las familias tengan éxito
Con reuniones en Tucsón desde el 2015, un grupo de jueces, abogados y defensores de los niños ha desarrollado herramientas con información para encontrar a un padre detenido o deportado y cómo hacer posibles las visitas transfronterizas. "No me imagino a algún estado que no tenga que enfrentar esto", dice Kathleen Quigley, derecha, jueza presidenta de la Corte Juvenil del Condado Pima.
(Photo Credit: Perla Trevizo/Arizona Daily Star 2016)
Fueron las historias las que los unieron.
Trabajadores dedicados al bienestar infantil diciéndole al juez que no podían localizar a un padre de familia. Visitas canceladas cuando no llegaba nadie. Una jovencita que trató de suicidarse después de que su madre faltó a una cita por cuarta vez.
¿La razón por la que aquellos padres inmigrantes involucrados en el sistema de protección de menores parecían haber desaparecido? Habían sido detenidos o deportados.
Queriendo ayudar pero sin saber cómo, un grupo de abogados, activistas, jueces, trabajadores del Departamento de Seguridad Infantil (DCS) y representantes del gobierno mexicano comenzaron a reunirse en el 2015 en la Corte Juvenil del Condado Pima. No había datos sobre cuántos niños dentro del sistema de bienestar infantil tenían un padre que había sido detenido o deportado, y no había uniformidad sobre la mejor manera para ayudar a estas familias.
“Uno de los retos para todos es asegurarse de que tengamos la información correcta,” dijo Kathleen Quigley, juez de la Corte Juvenil del Condado Pima y miembro del comité. “La decisión es tan buena como la información que tienes.”
Durante los últimos dos años, el Equipo de Trabajo Transnacional del Sur de Arizona se ha reunido periódicamente para discutir triunfos y fracasos, desarrollar manuales y planificar entrenamientos para jueces y trabajadores del bienestar infantil.
"Estamos aprendiendo más sobre esta población. No está tan escondida como antes", dijo Laurie Melrood, coordinadora del grupo de trabajo y defensora familiar. La pregunta es, ¿podemos construir un proceso para ayudar a tomar las mejores decisiones que funcionen para la mayoría de la gente?".
El Equipo de Trabajo Transnacional del Sur de Arizona ha ayudado a trabajadores sociales, jueces y abogadosa navegar por ek sistema de bienestar infantil de México. En esta sesión de capacitación en el 2016 se daba una presentación en el Consulado de México en Tucsón. (Photo Credit: Perla Trevizo/Arizona Daily Star)
Cómo encontrar a un padre deportado
Gracias a los esfuerzos del grupo de trabajo, hay más reconocimiento de las necesidades de las familias transnacionales, mayor flexibilidad y creatividad en la planeación de los casos y mejores resultados para niños y familias en ambos lados, señaló Melrood.
También existe mejor conocimiento de las guías familiares de Inmigración y Control de Aduanas y menos miedo de trabajar con familias indocumentadas.
Uno de los logros más tangibles del grupo de trabajo ha sido el desarrollo de una guía para trabajadores del bienestar infantil, jueces y abogados, que incluye información sobre cómo ubicar a un padre de familia detenido o deportado, el papel que pueden jugar los consulados de México y el DIF, y cómo llevar a cabo visitas del otro lado de la frontera, que es uno de los obstáculos más grandes.
La guía tardó casi dos años en prepararse. "Ninguno de estos sistemas estaba acostumbrado a compartir información y admitir que había un problema", comentó Melrood.
Ahora, cada mes se realiza una clínica de inmigración gratuita en la corte juvenil, con la ayuda de abogados voluntarios.
Y el Departamento de Seguridad Infantil trata de ser más especifico acerca de lo que está buscando cuando pide un estudio de hogar en México. En este país, el sistema de bienestar infantil sólo requiere una cama, un hogar limpio y comida suficiente, dijo Eduardo Chávez, del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Nogales, Sonora. “En Estados Unidos parecen haber expectativas distintas".
A través de su organización Puentes de Gracia, Violeta Lazo —quien participa en el grupo de trabajo— quiere abrir oficinas en ambos lados de la frontera para dar información a los padres en cuanto llegan a México, ayudar a hacer contacto con los encargados de caso o abogados y ofrecer computadoras que les permitan comunicarse y participar más fácilmente en los procesos legales referentes al cuidado de sus hijos.
Previamente, había trabajado como auxiliar familiar y había ofrecido cuidado temporal a niños cuyos padres estaban en proceso de deportación o que habían sido repatriados. Vio de primera mano el impacto que esto tiene sobre los niños y las dificultades que enfrentan los padres al tratar de reunificar a su familia.
Frida Espinosa, izq., entonces representante del Instituto para las Mujeres en la Migración, o IMUMI, asiste a un entrenamiento binacional organizado por el Equipo de Trabajo Transnacional del Sur de Arizona (Southern Arizona Transnational Task Force) en marzo de 2016 para ayudar a los trabajadores sociales de casos infantiles herramientas para trabajar mejor con familias transfronterizas que buscan la reunificación. (Photo Credit: Perla Trevizo/Arizona Daily Star)
Relaciones importantes
Inicialmente, los miembros del grupo de trabajo estudiaron la ley de California SB 1064 —la primera ley en el país que específicamente hablaba sobre los obstáculos que existen para las familias migrantes cuando sus hijos entran al sistema—, al igual que otras políticas y directivas. Decidieron que necesitaban crear algo específico para el Sur de Arizona.
La clave del éxito del comité que se reúne en Tucsón ha sido su inclusión, flexibilidad y la voluntad de todos los participantes de compartir y escuchar, dijo Melrood.
"Aunque siempre ha habido un nivel de cooperación, depende de las relaciones interpersonales que se desarrollan", comentó Ricardo Pineda, cónsul de México en Tucsón.
Una reunión reciente del grupo de trabajo tomó lugar en la oficina del DIF en Nogales, la cual en los últimos 10 a 15 años ha auxiliado de manera informal a los padres que buscan recuperar la tutela de sus hijos en Estados Unidos.
De la manera como ha funcionado es que un padre de familia deportado hace contacto con la oficina y sus trabajadores le ayudan a comunicarse con el encargado de su caso y averiguar qué necesitan hacer.
Pero el departamento no cuenta ni con una unidad dedicada ni con los fondos para trabajar específicamente con estos casos, lo cual sería el siguiente paso, señaló Chávez. Los funcionarios también quieren establecer puntos de información para hacer contacto con padres después de una deportación.
El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona regularmente pide ayuda con visitas supervisadas, pruebas antidopaje y estudios familiares, aunque normalmente estas solicitudes ahora se tramitan a través de los consulados mexicanos.
El grupo de trabajo también trabaja con el Instituto para las Mujeres en Migración, una organización basada en la Ciudad de México que comenzó a trabajar con familias transnacionales hace siete años, cuando una mujer pidió ayuda con su visa. Resultó que necesitaba la visa porque le habían quitado a su bebé cuando fue deportada.
“Para cuando encontramos a la niña… (la madre) había perdido sus derechos maternos”, explicó Frida Espinosa, quien ofrece consultas con el grupo.
El grupo de trabajo recomienda que los encargados de caso identifiquen las necesidades de las familias que están fuera del país lo más pronto posible, que hagan contacto con personas que puedan ayudar y otros colaboradores, y que hablen con abogados de inmigración para saber si los padres califican para algún beneficio de inmigración. Los integrantes del grupo esperan que la guía que han preparado sea parte del entrenamiento básico de los encargados de caso en Arizona.
Efectos de por vida
Al final, la meta del grupo de trabajo es diseminar la guía y expandir el entrenamiento, incluyendo otras regiones.
“No puedo imaginar un estado que no tenga que enfrentarse a esto”, dijo Quigley. A nivel nacional, aproximadamente 5 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con un padre o familiar indocumentado.
Quigley estuvo a cargo del primer entrenamiento para jueces nacionales en enero, en el cual participaron 50 jueces de 25 estados.
El grupo en el Condado Pima está “impulsando su modelo, documentándolo, creando herramientas y manuales para que la gente lo conozca. Están tomando el paso adicional que muchos otros lugares no”, comentó Megan Finno-Velásquez, directora del Centro Sobre Inmigración y Bienestar Familiar de la Universidad Estatal de Nuevo México.
Y este trabajo puede cambiar vidas, dijo Melrood, la coordinadora del grupo de trabajo.
“Antes, cualquiera podía venir a la corte y decir que no encontraron a uno de los padres y ahí quedaba”, indicó. “Ahora ya saben cómo localizarlos".
[This story was originally published by Arizona Daily Star.]