Deportados desde el hospital: la crisis oculta que pone en riesgo a pacientes gravemente enfermos
The story was originally published by Conecta Arizona with support from our National Fellowship.
Junior y Solida han estado casados durante 25 años. “He pasado la mitad de mi vida con mi esposa”, dijo Junior.
Foto: Gabriela Ramirez
Cuando Junior visita a su esposa, se rocía el perfume que siempre le gustó, pone las canciones que solían cantar juntos y, a veces, usa las camisas que ella decía que lo hacían ver guapo. En sus días buenos, Solida reconoce la música. Desde la cama del centro de cuidados donde se encuentra, abre los ojos y tararea.
En diciembre de 2022, Solida comenzó a vomitar todas las mañanas. Luego llegaron unos dolores de cabeza tan intensos que la hacían sujetarse la cabeza, convencida de que iba a morir. Junior quería llevarla al hospital, pero el miedo lo paralizó. Temía a las facturas médicas imposibles de pagar en un país al que acababan de llegar, un miedo alimentado por todas las historias que había escuchado sobre cómo una visita al hospital en Estados Unidos podía terminar en deportación. Y eso fue incluso antes de que las deportaciones masivas volvieran a ocupar los titulares con el segundo mandato de Donald Trump.
Junior y su hijo Steeven, de 25 años, tocan las canciones favoritas de Solida en el centro de atención. “Ella es el corazón de esta familia”, dijo Steeven.
Foto: Cortesía de Junior
El 28 de diciembre de ese 2022, uno de los ojos de Solida se cerró repentinamente. Su hijo de 16 años la llevó de urgencia al hospital. Al día siguiente, en el Lehigh Valley Hospital de Pensilvania, los médicos diagnosticaron un aneurisma cerebral y la ingresaron de inmediato para realizar una cirugía de emergencia.
Desde entonces, Solida no ha vuelto a casa.
Junior y Solida antes de que un aneurisma cerebral llevara a Solida al hospital.
Foto: cortesía de la familia
Lo que ocurrió después, y lo que aún podría ocurrir con Solida, se sitúa en la intersección de dos sistemas que fallan: el sistema de salud de Estados Unidos y su laberíntico régimen migratorio.
Aproximadamente dos meses después de que Solida fuera inducida a un coma médico, aún inconsciente y dependiente de máquinas, funcionarios del hospital convocaron a Junior para una reunión. Le dijeron que tenía dos opciones: “O se la lleva a casa, o la enviamos a la República Dominicana en dos días”. Era el 6 de marzo de 2023.
Junior recuerda estar sentado allí, atónito. El hospital sugirió que la paciente podría recibir cuidados médicos en casa, que costarían alrededor de 500 dólares diarios. Pero él no tenía formación médica ni equipo.
Junior visita a su esposa Solida en el centro de atención casi todos los días, a veces hasta tres veces al día cuando su horario de trabajo se lo permite.
Foto: Tina Xu
“¿De dónde voy a sacar quince mil dólares al mes?”, se pregunta Junior en voz alta. Por otro lado, estaba seguro de que enviar a Solida de regreso a la República Dominicana sería una sentencia de muerte.
Hospitales de todo el país han avalado anteriormente este tipo de traslados médicos, especialmente en estados fronterizos como Arizona.
Junior y Steeven visitan Solida en el centro de atención.
Foto: Gabriela Ramírez
Hospitales que deportan en silencio
En todo Estados Unidos, hospitales participan de manera rutinaria en lo que activistas de migración llaman “deportaciones médicas”: la transferencia de pacientes gravemente enfermos y sin seguro a hospitales de otros países, en lugar de organizar cuidados de largo plazo en Estados Unidos.
De acuerdo con organizaciones y académicos que le dan seguimiento a esta practica, la mayoría de los pacientes son indocumentados, pero varios hospitales también han intentado deportar a residentes permanentes legales e incluso a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con reportes previos. Algunos de estos traslados cuestan decenas de miles de dólares y requieren complejas operaciones logísticas para trasladar a personas en estado crítico.
Hospitales en Phoenix y Tucson han sido señalados por intentar deportar médicamente a pacientes en estado crítico a centros de salud en otros países, a veces con un simple traslado en ambulancia a través de un retén fronterizo.
En una rara admisión pública, la hermana Margaret McBride, exvicepresidenta de Servicios de Misión del Hospital St. Joseph, declaró a The New York Times en 2008 que ese hospital repatriaba alrededor de ocho pacientes al mes, lo que sería alrededor de 96 al año.
El Banner University Medical Center de Tucson fue duramente criticado en 2007 por intentar deportar a un bebé ciudadano estadounidense de dos semanas de nacido, con síndrome de Down y una afección cardíaca. Desde entonces, estos hospitales no han hecho públicos sus datos sobre repatriaciones y no han respondido a solicitudes de comentarios; Conecta Arizona los contacto a través de sus oficinas de comunicación y prensa, pero no obtuvimos respuesta.
Se desconoce cuántas personas son deportadas médicamente cada año. Según un reporte de la Facultad de Derecho de Seton Hall y New York Lawyers for Public Interest, entre 2006 y 2012 hubo más de 800 casos de deportaciones médicas exitosas o intentadas en hospitales de todo el país. Desde entonces, nadie ha vuelto a contabilizarlas, ni siquiera el gobierno. Todo ocurre sin supervisión federal y en los márgenes de la ley.
“Eso se llama secuestro”, explicó David Bennion, abogado de inmigración y director ejecutivo de Free Migration Project. “La repatriación médica coercitiva es ilegal porque encaja en la definición jurídica de secuestro y de delitos relacionados: cuando se traslada a alguien de manera forzada y contra su voluntad”.
Adrianna Torres-García, quien coordina la línea nacional de denuncias por deportaciones médicas de Free Migration Project, ha visto cómo la práctica se ha intensificado. Desde 2020 han recibido llamadas de Pensilvania, Michigan, Maryland, Nueva Jersey, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Texas, Nueva York y Florida y han cuantificado casi 20 casos hasta la fecha. “El año pasado (2024) solo recibimos dos llamadas”, señaló. “Este año ya van ocho. En abril tuvimos tres casos en una sola semana”.
Para Torres-García, el patrón es claro. “Los hospitales se han vuelto muy creativos y audaces con lo que ahora llaman ‘planificación del alta’”, dijo.
En un caso reciente, comentó Torres-Garcia, el plan de alta de un hospital consistía únicamente en comprarle una tienda de campaña a un paciente con discapacidad visual y dejarlo en un campamento de personas sin hogar, a pesar de que había perdido la vista por una enfermedad crónica y no podía vivir de manera independiente.. “Eso no lo habríamos visto ni siquiera hace un año”, explicó. “Pero con el clima político actual, parece haber una sensación de que ‘a nadie le va a importar’”.
Ambulancias cruzando la frontera
En Arizona, que comparte aproximadamente 370 millas de frontera con México, la proximidad geográfica ha sido señalada por defensores y abogados como un factor que facilita la logística de los hospitales para trasladar pacientes al otro lado de la frontera.
Eso fue lo que ocurrió con Antonio Torres, un joven de 19 años con residencia permanente que vivía con su familia en Gila Bend, Arizona. Su historia fue reportada e incluida en un capítulo del libro de Lisa Sun-Hee Park. El 7 de junio de 2008 salió a trabajar con su padre en los campos de alfalfa cuando un accidente automovilístico lo dejó hospitalizado con una grave lesión cerebral, contusiones pulmonares y daños abdominales.
Dos días después, el personal del Hospital St. Joseph de Phoenix presionó a la familia para que retirara a su hijo del soporte vital. Les dijeron que había pocas esperanzas. Cuando la familia se negó, el hospital organizó su traslado, contra la voluntad de los padres, a un hospital público en Mexicali, México. Durante el trayecto, el joven inconsciente fue dejado durante horas bajo el sol del verano en la frontera, mantenido con vida mediante un respirador portátil, hasta que una ambulancia mexicana lo recogió.
Al llegar al hospital público de Mexicali, no había camas disponibles. La infección de Torres se propagó. Mientras tanto, la familia y algunos miembros de la comunidad latina en Arizona reunieron fondos para trasladarlo de regreso a Estados Unidos, a un hospital en California dispuesto a tratarlo.
Cuando finalmente volvió, su cuerpo estaba en estado de shock séptico, una emergencia médica potencialmente mortal causada por una infección grave. Sin embargo, dieciocho días después de llegar a California, Torres despertó del coma y preguntó: “¿Dónde está mi mamá?”.
No todos los pacientes logran frenar, revertir o sobrevivir a una deportación médica.
Esto es lo que se sabe de José Abraham Arvizu, conocido cariñosamente por sus compañeros y maestros como “Joe D” antes de su muerte. Era estudiante de último año en la North High School de Phoenix, participaba en el coro y en el programa del Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior (JROTC) y portaba la bandera estadounidense en los actos escolares. “Joe D” ya había aprobado el examen final para graduarse de Preparatoria.
José fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia y diagnosticado con leucemia en el Hospital St. Joseph. Una semana después, fue colocado en una ambulancia y enviado al otro lado de la frontera, según reportó el medio local Phoenix NewTimes. El hospital de Hermosillo, México, no pudo suministrarle sangre para una transfusión. El 3 de diciembre de 2007, José murió. Su breve obituario decía: “Uno de sus sueños era unirse al Ejército de Estados Unidos”.
José no tenía una orden de deportación. No era buscado por ICE. Simplemente no tenía seguro, era indocumentado y necesitaba atención médica.
¿Por qué ocurren las deportaciones médicas?
La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés) obliga a todos los hospitales a proporcionar atención de emergencia sin importar la capacidad de pago del paciente, su seguro o su estatus migratorio. Los hospitales reciben reembolsos por la atención aguda a través de Medicaid de emergencia.
Una vez estabilizados, EMTALA exige garantizar un alta segura. Sin embargo, cuando se trata de condiciones que requieren cuidados de largo plazo, como rehabilitación o atención de enfermería continua, resulta difícil encontrar centros que acepten pacientes sin seguro.
Es entonces cuando algunos hospitales optan por trasladar al paciente a un hospital de otro país, en lugar de buscar una solución dentro de Estados Unidos. Una vez fuera del país, la responsabilidad del hospital por el seguimiento médico desaparece, así como la supervisión legal.
Sana Loue, profesora de ética médica en la Facultad de Medicina de la Case Western Reserve University y asesora de hospitales en casos de repatriación médica, lo explica así: “En lugar de abandonar a alguien en otra institución o dejarlo en la calle, lo están abandonando en otro país”.
Académicos y expertos en derecho han argumentado que estas prácticas violan varios aspectos de EMTALA. La ley, en general, prohíbe dar de alta a un paciente en condición inestable sin su consentimiento o el de su representante legal.
Además, el hospital debe garantizar que la institución receptora cuente con espacio y personal calificado y que haya aceptado el traslado. Un médico debe certificar que los beneficios superan los riesgos y que el traslado debe realizarse con personal y equipo adecuados.
La batalla en los tribunales
Con frecuencia, las familias desconocen sus derechos y cómo defenderse. Temen exponerse ante el gobierno, no están familiarizadas con el sistema legal estadounidense y enfrentan barreras lingüísticas en los hospitales.
Un pequeño número de familias y defensores ha logrado activar el apoyo comunitario y recurrir a la Justicia para frenar las deportaciones médicas.
Mac Nayeri, abogado de inmigración en Phoenix, recuerda haber recibido una llamada para testificar ante un juez y solicitar una orden de restricción temporal que impidiera la deportación médica de Sonia del Cid Iscoa.
Iscoa estaba en coma en el Hospital St. Joseph tras dar a luz de manera prematura. En mayo de 2008, el hospital informó a la familia que sería trasladada a Honduras en un plazo de una semana.
Iscoa había vivido legalmente en Estados Unidos durante años bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura humanitaria otorgada cuando las condiciones en el país de origen hacen inseguro el retorno. Llevaba más de 17 años sin vivir en Honduras y era madre de siete hijos nacidos en Estados Unidos.
Nayeri testificó ante el juez y el equipo legal de Iscoa demostró que el traslado le causaría un “daño irreparable”.
“Así como el Departamento de Seguridad Nacional no podía deportarla por tener un estatus válido, el hospital tampoco debía poder hacer lo que el propio gobierno no podía”, explicó Nayeri. “Era una violación clara del debido proceso”.
“Me sorprendió que esto estuviera ocurriendo”, añadió. “Pero aprendí que no era un caso aislado”.
El fallecido abogado Fernando Gaxiola logró detener dos deportaciones médicas de último minuto, alertando a las autoridades sobre un “secuestro internacional” cuando un paciente era trasladado a la frontera y otro al aeropuerto.
“Es completamente ilegal”, afirmó Anjana Malhotra, abogada de derechos civiles y líder del equipo de investigación de Seton Hall. Junto a Kimberly Krone y Jennifer Scott, pasó un año rastreando 30 casos de pacientes deportados médicamente a Guatemala.
Para este reportaje, Anjana Malhotra compartió los hallazgos de una misión de investigación en Guatemala realizada por Kimberly Krone. El equipo concluye que el 90 % de las personas repatriadas se encontraban en estado crítico o con condiciones médicas graves. En el 80 % de los casos analizados por el consulado guatemalteco, los traslados se realizaron sin un consentimiento válido. De los 13 casos en los que fue posible obtener información posterior al traslado, siete personas no recibieron ningún tipo de atención médica tras su llegada y seis fallecieron.
El equipo llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que “el gobierno de Estados Unidos es responsable de las violaciones de derechos humanos asociadas a las repatriaciones médicas forzadas o coercitivas, por no haber actuado con la debida diligencia para proteger a las personas afectadas”.
En el terreno, protestas frente a hospitales, con la presencia de medios de comunicación, han logrado en ocasiones que los centros retrasen o cancelen deportaciones médicas. Tras la indignación pública en Filadelfia, la ciudad se convirtió en la primera del país en prohibir las deportaciones médicas coercitivas en diciembre de 2023.
“Un comportamiento depredador en la salud”
“Existe el tema migratorio, pero todo esto ocurre dentro de un sistema de salud capturado por prácticas depredadoras”, dijo Eric Manheimer, exdirector médico del Hospital Bellevue, cargo que ocupó durante más de trece años.
Como exdirectivo hospitalario, Manheimer descarta el argumento de que los hospitales no puedan costear la atención a pacientes sin seguro. “Siempre dirán que no hay dinero, para presionar por más recursos del sistema”, expresó.
En el caso de Arvizu, el estudiante con leucemia, el comité de caridad del Hospital St. Joseph evaluó y rechazó su solicitud de atención con fondos de beneficencia.
St. Joseph forma parte de Dignity Health, que en 2024 reportó ingresos por 11 mil 300 millones de dólares, frente a 9 mil 900 millones en 2023 y 9 mil 500 millones en 2022, según sus estados financieros. Su director ejecutivo, Lloyd Dean, recibió una remuneración de más de 21 millones de dólares el año pasado.
“La razón por la que se niega atención médica en este país es política y social, no económica”, afirmó Manheimer. “El sistema fue diseñado para excluir a ciertas poblaciones del seguro médico, y esto va a empeorar con los recortes a la salud pública bajo Trump”.
La llamada “One Big Beautiful Bill Act”, firmada el 4 de julio y cuyos principales cambios entrarán en vigor en 2026, recortará cerca de un billón de dólares del financiamiento federal de Medicaid en la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. En Arizona, donde el 81% del gasto de Medicaid proviene de fondos federales, el impacto será devastador.
La organización sin fines de lucro no partidista dedicada a proporcionar información confiable sobre políticas de salud en Estados Unidos Kaiser Family Foundation calcula una pérdida de 35 mil millones de dólares para el programa estatal, que cubre la atención de emergencia para todos.
“Es una crisis existencial para el sistema”, dijo Manheimer. “Existencial”.
Sacrificados
Con el futuro tan incierto, Junior toma el rostro de Solida entre sus manos, le aprieta suavemente la nariz y le susurra al oído. Dice que está allí todos los días, a veces tres veces al día cuando el trabajo se lo permite. Su hijo de 24 años, Steeven, se inclina sobre la cama, con el ceño fruncido.
“Hubo momentos en que su cabeza parecía un balón desinflado y, si la apretabas, sentías un hundimiento”, recordó Steeven. “Una persona en ese estado, en un avión, en un helicóptero o incluso durante un viaje de ocho horas en transporte público, podría morir”.
“Pasamos noches enteras en el hospital haciendo guardia para que no se llevaran a mi mamá”, contó. “A veces dejábamos el teléfono grabando toda la noche, por si alguien venía a sacarla a escondidas”, recuerda Steeven.
Al caer la noche, tras una jornada interminable, Junior y su hijo abandonan los pasillos bañados por la luz dura de los bombillos del centro de cuidados. Ya en el estacionamiento desierto, se quitan las mascarillas quirúrgicas y aspiran, por fin, el aire frío del invierno.
“Lo primero que hay que entender es que esto es un ser humano. Es una persona. Es una vida”, dijo Steeven, con calma. “Y alrededor de esa persona hay otras personas que la aman. Básicamente, están sacrificando una vida por intereses económicos”.